Por: Jorge Andrés Tapias Arbeláez
En los últimos tres años, los municipios de Segovia y Remedios han sido testigos de paros consecutivos por motivo de la situación de informalidad de los pequeños mineros, que hasta el momento no se ha solucionado.
A pesar de los acuerdos firmados después del paro minero de 2017, por el Gobierno Nacional y la Mesa Minera de Segovia y Remedios, a la fecha no se ha ejecutado en su totalidad el primer punto, el cual debía realizarse en dos meses. Este consiste en hacer una caracterización de la cadena productiva de la región.
Actualmente, la Gobernación de Antioquia y la Universidad Nacional están adelantando dicho trabajo, que se debe hacer en 333 minas identificadas. Yarley Marín, tesorero de la Mesa Minera, manifiesta que están a la espera de los resultados de este procedimiento para definir mecanismos de protección para los mineros ancestrales, y así identificar opciones para su formalización.
El Gobierno Nacional y Departamental ha cumplido con algunos puntos, afirma Elióber Castañeda, presidente de la Mesa Minera. No obstante, manifiesta su descontento con parte del proceso, indicando que “la multinacional Gran Colombia Gold no ha cumplido con lo pactado”, y añade: “ellos en mesa de soluciones dicen tener la voluntad política para llegar a acuerdos con nuestros mineros, pero una vez se paran de la mesa, las actitudes son totalmente contrarias”.
Castañeda dice que la compañía sigue ofreciendo a los mineros el mismo contrato de operaciones, por lo cual, “no están teniendo en cuenta el contexto de la negociación, es decir, uno de los puntos del acuerdo, que consiste en una tabla de contraprestación”.
Así mismo, Rubén Gómez, Secretario General de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (ConalMinercol), manifestó que:
“la empresa Zandor Capital, filial de Gran Colombia Gold, ha venido desarrollando varias acciones tendientes a hacer efectivo el cierre de las minas, es decir, hay sobre la mesa un proceso de negociación, entre comillas, mientras que la empresa por la vía jurídica quiere que el Estado ordene el cierre de la minería en la región”.
De acuerdo con estas declaraciones, se intentó conocer la postura de la multinacional mencionada, sin embargo no dieron respuesta.
El panorama actual
Hasta el momento, parece no haber cambiado la situación para los mineros informales de la región del Nordeste Antioqueño, puesto que los acuerdos firmados en el 2017 no se han cumplido de la mejor manera.
El secretario general de ConalMinercol, Rubén Gómez, asegura que después de la firma de los acuerdos, el gobierno no ha cumplido con el punto más importante, el proceso de legalización.
Igualmente, Osbany González, minero de Segovia, dice que “se ha avanzado muy poco en el tema de las negociaciones”. Y agrega: “tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, y acogernos a los reglamentos, a lo que exige la ley, pero, de todas maneras nuestro reto más grande es contra el mismo Estado y las multinacionales”.
Del mismo modo, Rubén Gómez insiste en que los pequeños mineros están interesados en formalizarse, pero las propuestas de Gran Colombia Gold no son viables, dado que “consiste en comprar el oro por debajo de los precios de producción que tiene el minero”, y lo ejemplifica diciendo que “la onza troy de oro, en el mercado internacional, está a 1.200 dólares. Hoy producir esa onza puede estar valiendo 300 o 400 dólares, pero la empresa dice que no paga más de 200 dólares por onza producida”.
En vista de la situación, el presidente de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, Elióber Castañeda, exige que el Gobierno Nacional piense de manera equitativa, y pide un planteamiento de alternativas reales para efectuar un proceso de formalización justo. A lo que menciona: “vemos que hay una parcialidad con las multinacionales”.
Las problemáticas
Para el tesorero de la Mesa Minera, Yarley Marín, el Estado no está preparado para enfrentar toda la problemática minera de la región, y lo califica como inoperante al mencionar que adoptó unos reglamentos de otros países que no se adaptan a la situación del territorio.
A esto se le suma el problema de los mineros de subsistencia y chatarreros, que no pueden comercializar libremente su producción de oro, dado que se les exige el Certificado de Origen. De acuerdo con esto, Marín dice: “necesitamos mecanismos de transición que faciliten ese proceso, porque en estos momentos vemos que nuestros mineros están aguantando hambre, ya que no pueden comercializar su producción”.
El Certificado de Origen consiste en el aval que entregan los titulares mineros (legales) a los informales que están asentados en el territorio, para que estos puedan comercializar el oro, y no sean tratados como mineros ilegales, explica Marín. No obstante, es complejo, porque los mineros de subsistencia no siempre trabajan en territorio de un titular minero.
Por otro lado, el dirigente menciona que los procesos de titulación, instaurados por los mineros tradicionales, se demoran mucho tiempo en la Gobernación, por lo que “el gobierno aún tiene que implementar unas políticas claras y concretas, que verdaderamente agilicen los procesos”.
Para dar solución a estas problemáticas, Rubén Gómez propone que el gobierno reconozca la existencia de la minería tradicional y ancestral, y que haya respeto para que no se los siga tratando como criminales, y hace énfasis diciendo:
“si quieren perseguir mineros que hagan actividades criminales o minería criminal, háganlo, pero que no se amparen en los mineros informales y tradicionales para decir que han venido asestando golpes”.
Adicionalmente, Gómez denuncia que “otro grave problema es que las ARL no le están permitiendo al minero informal vincularse a ese sistema”, a pesar de que hay leyes que lo ordenan.
El mercurio, otro tema de discusión
Con la expedición de la Ley 1658, del 15 de julio de 2013, que regula el uso del mercurio en la actividad minera, y que comienza a regir a partir de julio del presente año, los mineros ancestrales están a la espera de nuevas alternativas que reemplacen el uso de este mineral en el proceso minero.
Elióber Castañeda afirma que el gobierno siempre ha evadido el tema sin dar solución, y propone: “que se den las respectivas alternativas para poder seguir ejecutando nuestra labor y que no se vea comprometida la estabilidad económica de nuestro territorio”.
Actualmente, en caso de suspenderse el uso del mercurio, sin haber planteado una posible solución al problema, los mineros ancestrales serían los principales perjudicados, dado que no cuentan con otra alternativa diferente.
Finalmente, Castañeda plantea: “presenten esas tecnologías limpias con las cuales pueden trabajar nuestros mineros, pero que realmente sí den resultados”.
Minería limpia sin formalizar
Actualmente en Segovia, la Planta de Beneficios La Palma es la única de la región en implementar tecnologías limpias en el proceso minero, sin embargo, continúa sin formalizar. Delfín González Olano, dueño de la planta, dice que a pesar de que cumple con el 95% de los requisitos y que cuenta con el plan de gestión y seguridad social, aún no ha sido posible su formalización.
Al respecto menciona: “ya he ido dejando a un lado los cocos artesanales. Ya prácticamente estoy preparado para empezar a trabajar sin mercurio en julio, incluso, en este momento también, si me tuvieran formalizado”.
Según González Olano, su informalidad se debe, en parte, a que su planta se encuentra en zona urbana, no obstante, menciona que no le explicaron ese aspecto, y manifiesta: “antes nos indicaban hacer conversión de los entables a tecnologías limpias, pero nunca nos decían que teníamos que tener un terreno específico para eso”.
Por último, hace un llamado al Gobierno Nacional: “primero deberían de formar las leyes, decretos y condiciones, y después exigirle a uno. Y no ordenar que se haga y después decir que no es así”.
