El país vive la transición más profunda de su historia laboral reciente, pero la cuenta regresiva pone a prueba especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
30 de abril 2026
Por: Sarita Taborda, Alejandro Ramírez, Manuela Restrepo y Juan David Estrada
Este julio de 2026 se completará uno de los cambios laborales más importantes de los últimos años en Colombia: la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 42 horas amparado bajo la Ley 2101 de 2021, que modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo para disminuir de manera gradual la jornada máxima semanal, sin afectar la remuneración salarial de los trabajadores.
El camino hasta aquí ha sido escalonado. Desde el 16 de julio de 2023 se redujo la primera hora; en julio de 2024 la jornada quedó en 46 horas; el 16 de julio de 2025 pasó a 44 horas; y a partir del 16 de julio de 2026 el límite definitivo será de 42 horas semanales según el Ministerio del Trabajo.
Un derecho que no toca el bolsillo
Uno de los pilares de la norma es su claridad sobre el salario: la disminución de la jornada no implica reducción de la remuneración salarial ni prestacional, ni del valor de la hora ordinaria de trabajo. Además, las partes podrán pactar jornadas diarias flexibles de mínimo 4 y máximo 9 horas diarias, sin lugar al pago de trabajo suplementario, siempre que la suma semanal no supere el límite legal.
Este blindaje al salario, que parece un beneficio directo para el trabajador, genera al mismo tiempo una presión sobre las empresas que los analistas han empezado a llamar “efecto tijera”. Juan Carlos Arbeláez, socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co Colombia, lo explica así: “Se paga lo mismo por menos horas”, lo que obliga a las empresas a replantear de inmediato sus planes de operaciones.
¿Para quién aplica realmente?
Aquí reside una de las tensiones más profundas de la reforma: su alcance no es universal. La Ley 2101 aplica para todos los trabajadores que tengan un contrato laboral con un empleador registrado; no así para quienes tengan contratos por prestación de servicios o por obra y labor. Asimismo, sólo se exceptúan regímenes especiales como las Fuerzas Armadas, que ya tienen normativas propias.
En la práctica, esto significa que una parte significativa de la fuerza laboral colombiana queda al margen del beneficio. En un mercado laboral con una tasa de desempleo del 9,2% y una informalidad del 55,3%, la reducción de jornada llega principalmente a quienes ya cuentan con empleo formal y estable, mientras que contratistas, independientes y trabajadores informales, que constituyen más de la mitad del mercado laboral, no ven ningún cambio en sus condiciones. Este punto ha abierto el debate sobre la equidad real de la medida y su capacidad de transformar estructuralmente el mundo del trabajo en el país.
El reto más duro lo enfrentan las pymes
Mientras las grandes organizaciones llevan meses ajustando procesos y sistemas de nómina, el panorama para las pequeñas y medianas empresas es considerablemente más complejo. Las pymes representan el 98% del tejido empresarial colombiano y generan alrededor del 80% del empleo, lo que dimensiona el potencial efecto sistémico de los ajustes en las condiciones laborales.
La Asociación de Estudios Financieros (ANIF) proyecta que el costo por hora laboral pasará de $7.736 en el primer semestre de 2025 a $10.422 en el segundo semestre de 2026, un incremento acumulado del 34,7%. Ante esto, el 71% de los empresarios prevé una reducción en la contratación de personal durante el año.
Las advertencias son contundentes: analistas económicos y gremios empresariales señalan que hasta un 30% de las micro y pequeñas empresas podría verse abocada al cierre si no se implementan mecanismos de apoyo o flexibilización. Los sectores más expuestos son el comercio, los restaurantes, los bares, los hoteles, la vigilancia y el transporte, actividades que dependen en gran medida de jornadas nocturnas, dominicales y festivas para sostener sus ingresos y cobertura.
Propietarios de pequeñas empresas como Cristian Hincapié, indica que lo importante es cumplir con los requisitos legales que la Ley obliga, y asi mismo deben inventar estrategias que prioricen la productividad por encima del tiempo laborado.
¿Más empleo, menos productividad?
Los primeros datos de la transición revelan una paradoja. Según el estudio Descifrando el mercado laboral, elaborado por Corficolombiana, entre 2022 y 2025 cerca de 1,8 millones de personas se incorporaron al mercado laboral colombiano, lo que sugiere que las empresas han tenido que contratar más personal para mantener sus operaciones frente a la reducción del tiempo laboral por empleado. Sin embargo, el mismo informe advierte que la relación entre empleo y crecimiento económico se ha debilitado, ya que la creación de nuevos puestos no se ha traducido en un aumento proporcional de la producción.
Una apuesta por la calidad de vida con deudas pendientes
Más allá de los números, la reforma responde a una tendencia global: la búsqueda de un equilibrio real entre el trabajo y la vida personal. Colombia registró en 2022 el mayor promedio anual de horas trabajadas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 2.405 horas. Para el año 2023 las horas redujeron a 2.252 por persona, pero el país seguía ubicado número uno en el ranking. En ese contexto, pasar a 42 horas semanales no es solo un ajuste técnico; es una señal de que el país quiere posicionarse frente a estándares internacionales de bienestar laboral.
Sin embargo, la promesa de “más tiempo libre sin perder ingresos” tiene un alcance limitado mientras la mitad del mercado laboral opere en la informalidad. La reforma puede mejorar la calidad de vida de quienes ya tienen contrato formal, pero no transforma las condiciones de los millones que trabajan por cuenta propia, bajo órdenes de prestación de servicios o en la economía informal, personas para quienes la jornada nunca tuvo un límite legal claro en primer lugar.
Sanciones para quienes no cumplan
El cumplimiento no es opcional. La reducción es obligatoria para todos los empleadores del sector privado, sin importar su tamaño, número de trabajadores o modalidad contractual. Las consecuencias de ignorar la norma son severas: las empresas pueden recibir multas de entre 1 y 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según la gravedad, la reincidencia y el número de trabajadores afectados. Además, pueden verse obligadas a pagar las horas extras no reconocidas.
La cuenta regresiva final
El miércoles 15 de julio de 2026 marcará el inicio oficial de la jornada laboral de 42 horas semanales en todo el territorio nacional. Desde ese día, las empresas, sin importar su tamaño o sector, deberán adecuar sus cronogramas internos para respetar el nuevo tope legal.
Colombia habrá completado así una reducción de seis horas semanales en apenas tres años. El reto ahora no es solo cumplir la ley, sino demostrar que trabajar menos puede, con la organización adecuada, traducirse en trabajar mejor y eventualmente, preguntarse cómo extender ese beneficio a quienes hoy la norma simplemente no alcanza.
