Infancias entre inquilinatos e incertidumbres
Por: Isabella Higuita Álvarez y Valentina Vásquez García
Durante los últimos años, Medellín se ha quedado sin capacidad suficiente para contener una crisis que crece silenciosamente en las calles del centro: niños y adolescentes terminan viviendo entre inquilinatos, cambuches y corredores atravesados por violencia, consumo de drogas y abandono institucional.
Aunque no existen cifras exactas sobre cuántos menores habitan hoy las calles de la ciudad, organizaciones sociales, investigadores y habitantes del sector coinciden en que el fenómeno se agravó tras la pandemia y superó la capacidad de respuesta de las entidades encargadas de proteger a la infancia.
En sectores como el barrio Estación Villa, conocido como “el Bronx”, la niñez convive diariamente con escenarios de consumo de drogas, explotación sexual, hacinamiento y violencia intrafamiliar. Muchos llegan huyendo del maltrato en sus hogares; otros quedan atrapados en las dinámicas de exclusión que rodean los inquilinatos: viviendas subdivididas en pequeñas habitaciones donde varias familias sobreviven pagando arriendos diarios de entre 25.000 y 45.000 pesos.
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¿Quién interviene?
En medio de esta realidad trabaja la corporación Everyday Homeless, una organización que nació como un proyecto fotográfico para visibilizar la vida de los habitantes de calle y que hoy acompaña a decenas de familias en condición de vulnerabilidad. Jorge Calle, representante legal de la corporación, explica que el trabajo en territorio les permitió identificar que gran parte de la población habitante de calle comenzó a vivir en estos espacios durante la adolescencia.
“Nos dimos cuenta de que la población habitante de calle empieza a habitar allí entre los 12 y los 25 años. Ahí entendimos que había una problemática enorme con los jóvenes”, afirma.
La Corporación desarrolla una estrategia llamada “circuito seguro”, mediante la cual alquilan habitaciones dentro de los mismos inquilinatos para convertirlas en espacios de protección. Allí funcionan bibliotecas, salas culturales y zonas de acompañamiento psicosocial donde los menores reciben alimentación, apoyo escolar y actividades artísticas.
“Si los niños no están en estos espacios, están encerrados solos en una habitación o expuestos a todo lo que pasa afuera”, explica Calle. En barrios como Estación Villa, agrega, los menores crecen normalizando la violencia, el consumo y la presencia constante de estructuras criminales. “Uno es lo que es su contexto”, sostiene.
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El fenómeno de los inquilinatos también está relacionado con la migración venezolana y la exclusión económica. Según autoridades migratorias, Colombia alberga más de 2,8 millones de migrantes y refugiados venezolanos, de los cuales más de 88.000 viven en Medellín. Muchas familias pagan diariamente por pequeñas habitaciones ante la imposibilidad de acceder al mercado formal de vivienda. A pesar de los altos costos, estos lugares representan una solución inmediata para quienes dependen de las oportunidades laborales del centro.
Desde el ámbito jurídico, el abogado de familia Leonardo Vásquez explica que cuando un menor es encontrado en situación de vulnerabilidad, el Estado debe activar un proceso de protección encabezado principalmente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Sin embargo, aclara que muchas veces los familiares cercanos tampoco representan una garantía de cuidado, pues reproducen las mismas dinámicas de violencia y abandono.
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“En muchas ocasiones esos niños son enviados a hogares de paso o con madres sustitutas mientras se define su situación definitiva. Lo que se busca es garantizarles alimentación, educación, afecto y una vida digna”, explica Vásquez.
No obstante, el abogado advierte que incluso dentro de esos espacios también se han presentado graves vulneraciones. Según señala, aunque el ICBF debe realizar acompañamiento constante, la falta de funcionarios y recursos provoca que muchos casos de maltrato pasen desapercibidos durante meses.
“No hay una garantía plena. El sistema tiene demasiadas falencias y los procesos suelen ser lentos. Muchos niños pasan años sufriendo antes de recibir una protección real”, afirma.
Vásquez también enfatiza que la negligencia no solo se relaciona con la falta de alimento o vivienda, sino con las carencias emocionales y afectivas que viven muchos menores.
“En la mayoría de los casos son madres solteras tratando de sostener a sus hijos en condiciones extremas, mientras la figura paterna está ausente. El abandono afectivo también es una forma de vulneración y así seguiremos formando adultos marcados por la exclusión desde la infancia. Un país que no protege a sus niños difícilmente podrá construir una sociedad menos conflictiva”.
Más allá de las cifras, los operativos y los discursos institucionales, la realidad de estos niños revela una crisis que Medellín todavía no ha querido mirar de frente. La infancia que hoy crece entre inquilinatos, consumo de drogas y violencia no apareció de un momento a otro: es el resultado de años de exclusión social, precariedad económica y respuestas estatales insuficientes frente a las necesidades más básicas de miles de familias.
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¿Qué hacen las autoridades?
Mientras las autoridades concentran gran parte de sus esfuerzos en recuperar el espacio público, organizaciones sociales y líderes comunitarios insisten en que el problema no se resuelve desmontando cambuches ni desplazando habitantes de un sector a otro. Detrás de cada niño que termina viviendo en estos entornos existe una historia atravesada por hambre, abandono, violencia intrafamiliar y ausencia institucional. La calle, en muchos casos, es apenas la última etapa de una vulneración que comenzó mucho antes.
Aunque existen rutas de atención y entidades encargadas de garantizar los derechos de la niñez, en la práctica muchas familias siguen enfrentando procesos lentos, falta de seguimiento y escasez de recursos. Las organizaciones sociales han ocupado vacíos que debería asumir el Estado: brindar acompañamiento emocional, espacios seguros, alimentación y presencia constante en los territorios donde la institucionalidad suele llegar tarde o desaparecer con los cambios de gobierno.
La normalización de esta realidad también habla de una fractura colectiva. Durante años, los niños habitantes de calle o que viven en inquilinatos han sido vistos como parte del paisaje urbano del centro de Medellín, reducidos a cifras o problemas de seguridad. Sin embargo, detrás de cada menor hay una historia de abandono que interpela no solo a las instituciones, sino también a una sociedad que aprendió a convivir con la exclusión sin cuestionarla.
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