Coca y cannabis: de plantas estigmatizadas a motores culturales, de salud y de economía local
Más allá del estigma, hoy coca y cannabis emergen como claves en investigación universitaria, bioeconomía y diseño de nuevos materiales.
7 de enero de 2026
Por: Angie Paola Giraldo Naranjo, Carlos Mario Ardila Arias, Luisa Fernanda Zapata Ochoa, Julieth Sorany Ocampo Toro, Maria José Conde Pasos
Durante décadas, la coca y la marihuana han sido presentadas, exclusivamente, como sinónimo de ilegalidad. Esa mirada reduccionista, forjada por normas internacionales, guerras contra las drogas y narrativas mediáticas, ha invisibilizado durante décadas saberes, usos y economías ancestrales que históricamente han sido utilizadas por diferentes pueblos y culturas. Hoy, un conjunto de voces académicas, médicas y comunitarias busca “resignificar” estas plantas, devolverles contexto y abrir caminos de regulación con justicia social.
De dónde viene el estigma: el marco prohibicionista
El director del Observatorio de Drogas y Economías Ilícitas de Indepaz, Salomón Majbub, recuerda que “las Naciones Unidas desde 1961 ha establecido tres convenciones en las que ha criminalizado injustamente plantas como la coca, amapola, marihuana”, esto ha sentado un paradigma de “un mundo libre de drogas” que ha marcado el accionar de los Estados por más de medio siglo.
Ese marco sigue teniendo un peso importante, aunque se ha actualizado. Como explica Majbub, muchos países adoptaron usos medicinales del cannabis, lo que “generó presión” para eliminarla de las listas de cultivo ilícito; hecho que efectivamente se dió y hoy esta planta no hace parte de esta lista de la ONU.
“Las plantas son plantas, no son ni buenas ni malas”
Salomón Majbub
La hoja de coca, en cambio, continúa en proceso de revisión. De acuerdo con Majbub, hay una propuesta en discusión impulsada en foros como la Comisión de Estupefacientes de Viena para su desclasificación, con respaldo de países andinos y de la OMS.
El giro regulatorio, subraya, abre puertas a usos lícitos —nutricionales, medicinales e industriales— ya existentes: “los Nasa, por ejemplo, tienen una empresa que se llama Coca-NASA” con bebidas, harinas, galletas, té y bioinsumos; y en Lerma, Cauca, hay experiencias con abonos y biofertilizantes a partir de la hoja.
Pero Majbub advierte una letra pequeña: en la práctica, ciertas regulaciones se han diseñado para grandes capitales, con exigencias de semillas “de laboratorio” y licencias costosas, mientras las semillas locales quedan desplazadas: “cuando vamos a regular el cannabis para usos medicinales, implica la pérdida de la soberanía sobre las semillas propias” y la imposición de transgénicas por parte de multinacionales, además, los costos
de las licencias hacen que los productores tradicionales de estas plantas no puedan entrar al mercado a competir y se ven relegados.
La desclasificación del cannabis y la eventual de la coca no bastan si el modelo productivo excluye a quienes han sostenido la relación histórica con estas plantas. Resignificar, entonces, no es solo cambiar un rótulo legal: supone reconocer derechos de comunidades, semillas nativas y economías campesinas, e incorporar salvaguardas para que la regulación no reproduzca desigualdades.
“No son plantas ilegales, sino plantas ilegalizadas por decisiones político-económicas“
Majbub
Cannabis: Las ramas son características del proceso de secado y curado de cannabis, una etapa posterior a la cosecha en la que se reduce gradualmente la humedad de los cogollos para conservar su aroma, potencia y calidad.
La economía campesina vista desde el territorio
El profesor José Manuel Alba, docente e investigador en la Universidad Francisco de Paula Santander, ayuda a situar la conversación en un territorio en específico: el Catatumbo. Para él, “la coca no es igual para todos los territorios de Colombia”. En su reconstrucción histórica, menciona que la planta llegó allí en los años 80, primero al Catatumbo bajo, como una alternativa de supervivencia en una región con pobreza estructural y débil presencia estatal.
Algunos factores que el profesor Alba identifica para explicar su auge: rentabilidad frente a crisis de precios de cultivos legales, efectos de las políticas neoliberales de los 90, y violencias como la llegada del paramilitarismo y el desplazamiento masivo de inicios de los 2000. “Cuando entra el paramilitarismo en el 2000 al Catatumbo hubo más de 100.000 desplazados y la gente empezó a sembrar coca para sobrevivir”.
Su lectura desmonta estereotipos: “la coca es agricultura, es un cultivo como cualquier otro cultivo”, una relación “suelo-planta-persona” transparente en la racionalidad campesina, aunque los campesinos sean conscientes de la etiqueta de ‘ilícito’.
La comparación económica es dura, dado que ningún cultivo legal compite en tiempos de producción, transporte y estabilidad del precio. “La primera raspa tú la sacas a los seis meses”, dice Alba, mientras que alternativas como la palma africana tardan casi una década; por eso, “mientras esto sea ilícito, no se va a poder competir legalmente”.
Si la resignificación no incorpora incentivos reales, vías, compras públicas, crédito y procesamiento local, pedirle al campesinado que renuncie a su cultivo más estable es, en términos económicos, pedirle que asuma pérdidas. La regulación con equidad debe ir acompañada de rentabilidad rural lícita y cadenas de valor cercanas.
“En el Catatumbo se produce comida, pero donde hay vías de acceso. Las zonas más apartadas son donde se presenta la mayor cantidad de cultivos de uso ilícito”
José Manuel Alba
Lea la segunda y tercera entrega del especial en los siguientes links:
