Despliegue de la Fuerza Pública en el Marco del Plan Democracia
La fuerza pública colombiana se prepara para los comicios electorales de este domingo 8 de marzo de 2026, donde se elegirán los nuevos congresistas para el país.
6 de marzo de 2026
Por: Geraldine Villalba Chica ; Karen Acevedo Martínez; Salome Ocampo González; Nicolás García Gutiérrez.
Durante las jornadas electorales en Colombia, la Policía Nacional de Colombia y el Ejército Nacional de Colombia desarrollan un conjunto articulado de acciones preventivas, operativas y de control territorial para garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la transparencia del proceso democrático. Estas actuaciones se fundamentan en los principios de neutralidad política, legalidad y respeto por los derechos humanos, conforme a la Constitución y a las normas que regulan el comportamiento de la Fuerza Pública en contextos electorales.
De acuerdo con el artículo 217 de la Constitución Política de 1991, las Fuerzas Militares tienen como finalidad la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional. En el ámbito electoral, estas funciones se concretan mediante el Plan Democracia, estrategia institucional que se activa en cada proceso electoral. Este plan busca asegurar que los ciudadanos ejerzan el derecho al voto en condiciones de seguridad, proteger el material electoral, prevenir hechos de violencia o fraude y garantizar la estabilidad institucional antes, durante y después de la jornada.
Según declaraciones del subintendente de la Policia Nacional Efren Contreras en entrevista, la prioridad consiste en ofrecer garantías de seguridad a los votantes y preservar la transparencia del proceso, mediante control en puestos de votación y vigilancia permanente del material electoral. La institución enfatiza que su actuación es estrictamente neutral y que su misión se limita a proteger la democracia sin intervenir en preferencias políticas. Por su parte, el Comisario Mateus Rengifo Edwin del Ejercito señala que su función principal radica en mantener el control territorial, especialmente en zonas rurales o con antecedentes de presencia de grupos armados, con el fin de evitar alteraciones del orden público y proteger a la población civil.
La coordinación de estas acciones se realiza a través de Puestos de Mando Unificado (PMU) y centros de articulación interinstitucional, en conjunto con la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad responsable de la organización electoral. Mientras la Policía lidera la seguridad directa en los puestos de votación y en áreas urbanas, el Ejército asume el control de áreas estratégicas, corredores viales y zonas de difícil acceso.
De acuerdo con un informe periodístico de El Espectador, que cita declaraciones oficiales de la Policía Nacional y de su director general, para las elecciones del 8 de marzo se habilitaron 13.493 puestos de votación en el país. La Policía custodiará 7.679 de ellos, lo que representa el 57 %, así como 110.214 mesas de votación, equivalentes al 90 % del total. Además, la institución informó que 70.000 uniformados estarán directamente en los puestos de votación y otros 50.000 en zonas aledañas para garantizar el orden y la seguridad. Estas cifras provienen de datos oficiales suministrados por la misma Policía Nacional.
En zonas rurales, el Ejército asegura el transporte, la distribución y el retorno del material electoral. La institución realiza escoltas, controla rutas estratégicas y protege a los funcionarios de la Registraduría para salvaguardar la integridad del material. La Policía, a su vez, custodia dicho material en entornos urbanos y durante la etapa de escrutinios.
Areas con riesgo electoral y presencia de grupos armados
La Misión de Observación Electoral (MOE), en su informe “Mapas y Factores de Riesgo Electoral – 2026 National Elections”, identificó 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral, donde confluyen factores de violencia y posibles irregularidades. De estos, 81 municipios se encuentran en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio. Entre los territorios mencionados aparecen Barranquilla y el departamento del Atlántico, así como municipios como El Peñol, El Tambo y Bogotá. Este informe se basa en trabajo de campo, estadísticas oficiales y análisis técnico de riesgo elaborados por la MOE, organización que monitorea procesos electorales en Colombia desde 2007.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, actualizó su informe de seguimiento electoral e indicó que existen 69 municipios en riesgo extremo, 168 en riesgo urgente y 433 en riesgo prioritario frente a la seguridad electoral. Entre los municipios señalados se encuentran Puerto Tejada, Balboa, Jámbalo, Padilla y Villa Rica, en el departamento del Cauca. Estas cifras provienen del Informe de Seguimiento de la Alerta Temprana Electoral emitido por la Defensoría del Pueblo de Colombia.
En este contexto, el Plan Democracia adquiere mayor relevancia, pues orienta la distribución estratégica de la Fuerza Pública en municipios priorizados y en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado o por la presencia de grupos ilegales. Tanto la Policía como el Ejército coinciden en que la finalidad de su despliegue consiste en prevenir hechos de violencia, proteger a la ciudadanía y fortalecer la confianza en las instituciones democráticas.
